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El calvario de la inJustica argentina: “un día de demora marca la diferencia entre la vida y la muerte”

Por Carolina Villalba

El país se encuentra conmocionado ante un nuevo femicidio ocurrido en la localidad de Rojas, en donde una joven fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, a la que denunció en 18 oportunidades. Este caso no es el único que padece el abandono del sistema judicial: mujeres y familias que denuncian a diario, no son tenidas en cuenta y sus causas son archivadas en un cajón.

En la provincia de Buenos Aires, existen múltiples modalidades por las cuales una persona puede radicar una denuncia por violencia de género: en comisarías, en la fiscalía de turno o directamente presentarse ante un juzgado. Todas ellas presentan falencias que generan atrasos en los procedimientos y, en la gran mayoría de los casos, las víctimas no acceden a una protección, mucho menos a una asistencia real.

Cuando una mujer toma la difícil decisión de denunciar una situación de violencia, lo hace en la comisaría del barrio. En muchos casos (por no decir en todos) los efectivos policiales no están capacitados en perspectiva de género y revictimizan a la denunciante, la maltratan, las cuestionan y estigmatizan. “¿Cómo vas a denunciar esa pavada?“, “fijate, esa persona es conocida y vas a tener problemas“, “¿vos que hiciste para que te pegara?“, son frases que se escuchan habitualmente. Otros de los momentos que viven las mujeres a la hora de denunciar es que, la persona que tipea el relato de la victima, elige obviar muchos datos relevantes y distorsionan la realidad.

Existe también la modalidad de presentar la denuncia ante un juez. Esta presentación directa de demandas de violencia por razones de género está facultada en la Ley 26.485, en el articulo 21, que establece que la misma puede realizarse en cualquier fuero, ante una fiscalía de turno o a través de un juzgado. Pero la realidad es que muchos juzgados son rehaceos en recibir directamente las denuncias sin que antes hayan pasado por la comisaria.

La Asociación de Abogadas Feministas de Argentina (ABOFEM) trabaja diariamente con casos de violencia de género en todo el país y aborda esta problemática de manera interdisciplinaria. Brindan asesorías y patrocinio legal, dan capacitaciones con perspectiva de género en búsqueda de garantizar los derechos de las mujeres y disidencias.

La coordinadora del departamento de litigación, Sandra Mabel de los Ángeles Lencina, en diálogo con El Editor Platense, contó con lujo de detalles los obstáculos que padecen las letradas con el sistema judicial y las falencias que existen entorno a ello.

“En la Provincia de Buenos Aires, las comisarías que trabajan bien son muy pocas. Durante el confinamiento por la pandemia, cientos de mujeres van a realizar las denuncias y los mismos efectivos las mandan a la casa y les dicen que lo hagan por Internet, por mail, o por medio de una app del Ministerio de Seguridad. Lo cierto es que muchas personas no están en condiciones o no tienen acceso a internet. Pedir eso es desconocer la realidad en la que viven las mujeres violentadas”, manifestó la abogada.

“Recibimos todo tipo de denuncias, tenemos presencia en 14 provincias y las abogadas que litigan padecen las ineficiencias del poder judicial, la falta de presupuesto, la carencia de perspectiva de género, la revictimización, las agresiones hacia las propias colegas -incluso- la mayoría de nuestras asociadas las han maltratado en juzgados y fiscalías”, contó Lencina.

Otro de los problemas del sistema judicial es que, una vez que se radica la denuncia, los jueces tienen la obligación -de acuerdo a la ley y el Estado argentino que ha asumido compromisos internacionales a través de tratados a los que ha ratificado- de dar una respuesta oportuna y efectiva a la víctima de violencia. “¿De que sirve otorgar una perimetral a tres meses de hacer una denuncia?”, se pregunta la letrada.

“Tampoco sirve que les impongan requisitos extras a la mujer, dándole una perimetrales sin un seguimiento real, o que el juzgado ponga el ojo en la victima y le exija que vaya al psicólogo, haga un tratamiento o que lleve consigo un botón antipático (que muchas veces no funciona). Es calamitoso”, subrayó.

La lentitud con la que se maneja la justicia se asocia directamente con el atraso que existe entre el tiempo en el que se radicó la denuncia y el despacho en un juzgado. El artículo 23 de la Ley 26.485 establece que el plazo que tiene una sede policial para entregar un expediente en el juzgado es de 24 horas como máximo.

“En muchos casos ese plazo no se cumple, son muy pocas las comisarias que realmente llevan a cabo en tiempo y forma. Nosotras tuvimos causas en las que tuvimos que intervenir y patrocinar, solicitar el pronto despacho y actuar en consecuencia. Esos casos donde la victima no recibe una ayuda rápida del Estado es en donde se pone en riesgo su integridad, tanto física como psicológica, vuelven a ser violentadas y en los peores casos, muertas”, aseguró la abogada.

“No puede ser que tengamos que pedir por favor a una jueza que se le otorguen las medidas preventivas a una victima, medida que por ley le corresponde. El o la magistrada está en su función representando al Estado argentino y es su obligación protegernos”, sostuvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS NO RESULTAN SER UNA SOLUCIÓN

Una restricción perimetral, un botón antipánico o una tobillera electrónica parecen no ser suficientes ya que el violento irrumpe en la casa de la víctima de igual modo, tal como sucedió en el caso de Úrsula Bohillo, en la localidad de Rojas. ¿Qué hizo el Estado en ese tiempo que trascurrió luego de las 18 denuncias radicadas por la joven?

Madre y padre de úrsula, en el último adiós.

La victima, sola y abandonada, sin el apoyo de las instituciones, se encuentra a la deriva y con el miedo de ser asesinada. “No sirve de nada una medida cautelar, si no se aplica una consigna policial en la puerta de su casa”, sostiene Lencina. Para colmo, las que tienen que permanecer encerradas son las denunciantes, presas de su propio destino.

El hombre que violeta una vez, lo vuelve a hacer. Esto deviene de una problemática cultural que debe ser desarraigada de la sociedad.

Según los datos recabados en diciembre del 2020 por la ABOFEM, a través de una encuesta en donde se consultó cómo es el funcionamiento del poder judicial, un 60% de las abogadas encuestadas sostuvo que el accionar es “regular”, el 30% dijo que actúa de manera “lenta” y sólo el 10% manifestó que es “eficiente”.

Una de las principales causas es la falta de capacitación y de aplicación de perspectiva de género de los operadores judiciales. “Hay jueces y juezas que violan los derechos humanos de las personas que denuncian violencia, magistrados y magistradas que en procesos de familia, donde hay niños en el medio y violencia, no aplican perspectiva de género en los expedientes, las revictimizan, las estigmatizan con total impunidad”, expresó la coordinadora de litigación.

“Hoy hay una falsa creencia en la cultura popular que te dicen que se regalan las perimetrales. Debo decir que el poder judicial no regala nada. Son muy pocos los juzgados que trabajan con responsabilidad”, agregó.

Además, sostiene que “existe una regla general en la provincia de Buenos Aires y CABA que marca que las patrocinantes deben insistir demasiado, o tienen que suceder hechos graves de violencia para que la justicia se digne a leer la denuncia, hacer un informe de riesgo y otorgar una medida cuatelar”.

FALTA DE POLÍTICA PÚBLICA

Una gran deuda que el Estado tiene para con las mujeres, sin dudas, es la erradicación de la violencia machista. Desde la Asociación Civil ABOFEM, un espacio autogestionado por los propios aportes de las afiliadas, muchas veces dejan de lado sus trabajos remunerados para atender estos casos, cuando en realidad debería ser una política de Estado y que todas las demandas tienen que estar canalizandas en un sistema que actúe en consecuencia. Es el Estado quien debería estar asesorando, acompañando y patrocinando de manera gratuita a las mujeres victimas de violencia de género, lo establece la ley y es un derecho. Pero es cierto que el poder judicial está colapsado: sin infraestructura y sin recursos.

La abogada Lencina denunció públicamente que desde hace una semana el sistema de mesa virtual del Poder Judicial se encuentra caído. Allí es donde las abogadas presentan y acceden a escritos o a medidas cautelares que resultan urgentes para las denunciantes ya que son una medida de protección preventiva. Ese mal funcionamiento, sumado con la lentitud y falta de capacitación en todos los órdenes del sistema judicial y policial, marcan la diferencia entre la vida y la muerte.

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